Uruguay: un jet de US$ 33 millones usado por Balcedo llega a la Suprema Corte
Matrix Aviation reclama más de US$ 11 millones al Estado uruguayo por el Gulfstream IV incautado en 2018 y dejado tres años a la intemperie en Carrasco.
Por Redacción Acento Europa ·
Una empresa de arrendamiento con sede en Fort Lauderdale, Florida, reclama más de US$ 11 millones al Estado uruguayo por un jet Gulfstream IV que la Justicia de Uruguay incautó en 2018 y que permaneció tres años abandonado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, según informó El Observador. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia tras una apelación de la firma Matrix Aviation Inc.
La aeronave fue incautada en enero de 2018, durante el allanamiento a El Gran Chaparral, en Playa Grande (Maldonado), donde fueron detenidos Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege. La Justicia asumió que el avión pertenecía al exsindicalista, pero era propiedad de Matrix Aviation, que lo tenía en leasing. Según la demanda, Balcedo pagaba US$ 105.000 mensuales por el contrato.
Tres años a la intemperie
Según el reclamo, el avión estuvo inmovilizado y sin mantenimiento desde 2018 hasta fines de 2020, y su certificado de aeronavegabilidad caducó. La devolución notarial se concretó el 28 de octubre de 2020, pero la aeronave solo pudo volar a fin de 2021, cuando partió hacia Estados Unidos con reparaciones de urgencia.
El abogado Hermann Leis, que representa a la empresa, detalla en la demanda los costos de reparación del fuselaje y de las turbinas Rolls Royce, presupuestados en US$ 5.830.000. También reclama US$ 644.909 por la estadía en Carrasco y US$ 5.210.750 por lucro cesante.
Fallo revocado
En primera instancia, el juez Gabriel Ohanian condenó a Presidencia de la República, a la Junta Nacional de Drogas y al Fondo de Bienes Decomisados a indemnizar a Matrix. Un Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno revocó esa decisión y desligó de responsabilidad al Estado.
- Leis denunció que el fiscal de la causa ofreció devolver el avión a cambio de que la empresa renunciara a acciones contra el Estado; la propuesta fue rechazada.
Foto: El Observador.