Bolivia abre investigación contra Evo Morales y García Linera por el caso terrorismo
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó abrir una investigación contra Evo Morales y Álvaro García Linera por presuntos delitos de lesa humanidad.
Por Redacción Acento Europa ·
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó abrir una investigación contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) y su exvicepresidente Álvaro García Linera por presuntos delitos de lesa humanidad. La decisión fue anunciada por el presidente de la Sala Penal, Carlos Ortega, en una rueda de prensa en Sucre, sede del Poder Judicial boliviano.
Según Ortega, se emitió "la resolución de apertura de la etapa de investigación" y las órdenes para notificar a ambos exgobernantes en un plazo de 72 horas. El plazo de 30 días de la investigación preliminar "está corriendo", y al término el Ministerio Público dictará "la resolución conclusiva que corresponda en esta etapa".
La acusación fue presentada en octubre por parlamentarios del partido opositor Libre a la Fiscalía. Los denunciantes sostienen que los exgobernantes deben responder por "ejecuciones sumarias", "detenciones ilegales" y "torturas" en el llamado caso 'terrorismo'.
El caso se remonta a abril de 2009, cuando una operación policial en un hotel de Santa Cruz dejó tres extranjeros muertos, entre ellos el irlandés Michael Dwyer. Ese mismo operativo derivó en la detención del croata-boliviano Mario Tadic y del húngaro Elöd Tóásó. El Gobierno de Morales los acusó de formar parte de una célula terrorista que, según esa versión, pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente.
En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas, tras un proceso abreviado. Al cumplir la condena salieron de Bolivia, alegando temor por su seguridad, y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
El caso se cerró en 2020, durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, cuando se retiró la acusación particular y la Fiscalía hizo lo propio con la acusación pública. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que "el Estado boliviano es responsable" por la violación de derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y garantías judiciales de los afectados.
- Las 39 personas procesadas denunciaron que el caso fue iniciado por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz.
Foto: La Opinión.