Bukele precisa que evalúa a 10.600 presuntos colaboradores de pandillas
El presidente Nayib Bukele aclara que su anuncio de liberación anticipada alcanza a unos 5.000 presos, no a la mitad de los 96.457 reos vinculados a pandillas.
Por Redacción Acento Europa ·
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aclaró el alcance de su anuncio sobre una posible liberación anticipada de presos vinculados a las pandillas, después de que sus primeras declaraciones generaran confusión sobre el número de beneficiarios. Según reseña El Comercio (PE), el mandatario precisó el viernes que su Gobierno evalúa los casos de unos 10.600 presuntos colaboradores de pandillas. De ellos, cerca del 50 % (unos 5.000) podría acogerse a un programa de salida anticipada.
Inicialmente, Bukele había dicho que el plan podría favorecer al 50 % de los presos que habían colaborado con estos grupos. Esa cifra fue interpretada como una medida que alcanzaría a la mitad de los 96.457 reos vinculados a las pandillas que permanecen detenidos desde 2022, durante el régimen de excepción.
El mandatario enfatizó que ningún pandillero, poste, chequeo o gatillero será liberado. Sostuvo que los colaboradores deben ser evaluados de forma individual, ya que no todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Algunos podrían merecer penas de hasta 20 años, mientras que otros podrían acceder a una salida anticipada.
Bukele también cuestionó a los medios que informaron que liberaría a la mitad de los presos, unas 46.000 personas, y exigió que publiquen una rectificación o una aclaración. Admitió que algunos detenidos pudieron colaborar con las pandillas bajo coacción y distinguió entre quienes ejercían violencia y quienes colaboraban para sobrevivir o evitar represalias. Afirmó que, de detener a todos los colaboradores, habría que arrestar al 20 % de la población, en un país de 6,4 millones de habitantes.
Críticas desde la prensa
Gabriel Labrador, periodista de El Faro, afirma que la declaración de Bukele muestra la concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de transparencia de los procesos judiciales. Señala que el régimen de excepción, vigente desde 2022, amplió el margen de acción del Ejecutivo en ámbitos que corresponden a la justicia y a la Fiscalía.
Labrador sitúa el origen de esa concentración en mayo de 2021, cuando la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al entonces fiscal general. En su opinión, cuestiona que sea el presidente quien anuncie qué grupos de presos podrían salir antes, y sostiene que esa información corresponde al órgano judicial o a la Fiscalía General de la República.
Foto: MARVIN RECINOS vía El Comercio Perú.