CIDH pide a Venezuela derogar la Ley contra el Odio
La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión piden a la Asamblea Nacional de Venezuela derogar la Ley contra el Odio y publicar el texto de la reforma.
Por Redacción Acento Europa ·
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron al Estado venezolano a derogar la Ley contra el Odio y cualquier otra norma que restrinja la libertad de expresión. El llamado se hizo mediante un comunicado publicado el miércoles 28 de octubre.
Los dos organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reiteraron su pedido del 26 de junio de 2026. Advirtieron que una reforma parcial no corrige las fallas estructurales de la ley, que permiten censurar, sancionar o perseguir opiniones críticas.
Reforma pendiente
La Asamblea Nacional creó el 29 de septiembre de 2026 una Comisión Especial, a solicitud del Ejecutivo, para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en la norma. En febrero, el presidente del Parlamento había admitido situaciones de «mala utilización» de la ley.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró su conformidad constitucional el 15 de octubre. Sin embargo, el Legislativo aún no ha publicado el texto que discutirá.
La CIDH y la RELE pidieron que cualquier cambio se ajuste a los estándares interamericanos y cuente con una participación amplia de la sociedad civil, los periodistas y los medios de comunicación. El comunicado exhorta a la Asamblea a publicar el texto íntegro del proyecto y a habilitar espacios abiertos y participativos.
Casos y uso de la norma
Organizaciones de la sociedad civil venezolana cuestionaron su exclusión del debate legislativo. Según reportes públicos, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios acusados de presuntos delitos de odio, entre ellos 49 periodistas, trabajadores de prensa y comunicadores, y siete medios de comunicación. La Ley contra el Odio se aplicó en 65 de esos casos.
Los informes anuales 2024 y 2025 de la CIDH y la RELE documentan un uso selectivo de la norma contra voces críticas, práctica que se agravó tras las elecciones de 2024.
- La RELE advirtió sobre conceptos amplios y ambiguos, y sobre la facultad del Estado para imponer contenidos en los medios.
- Ambos organismos señalaron que los riesgos para la libertad de expresión no se limitan a las sanciones penales.
Foto: Javiermartinez76 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).