Ecuador castiga con cárcel los matrimonios forzados y la trata de personas
La Asamblea Nacional de Ecuador reformó por unanimidad la ley contra la trata y el Código Penal, con penas de cárcel para matrimonios y uniones de hecho forzados.
Por Redacción Acento Europa ·
La Asamblea Nacional de Ecuador reformó por unanimidad, el 20 de octubre, la Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), según informó Primicias. La iniciativa sumó 144 votos de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y de los independientes. El proyecto fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y tomó impulso tras la sentencia de la Corte Constitucional en el caso Furukawa, que determinó que la empresa mantuvo prácticas análogas a la esclavitud, denominadas «servidumbre de la gleba».
La presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo, de ADN, señaló que la trata no distingue edad, condición social o género, y que las víctimas son captadas mediante ofertas de empleo, estudio y, cada vez más, plataformas tecnológicas y redes sociales.
Penas y nuevo delito
- Se agrega el artículo 163.2 al COIP, que tipifica los matrimonios y uniones de hecho forzados.
- La coacción para contraer matrimonio o unión de hecho sin consentimiento libre, pleno e informado se castigará con de tres a cinco años de cárcel.
- La pena sube a cinco y siete años si la víctima es menor de edad o no puede manifestar libremente su voluntad.
La reforma también sanciona a quien organice, promueva, concierte, facilite, autorice o celebre el matrimonio o la unión de hecho de un niño, niña o adolescente. Según algunos estudios, estas prácticas seguían naturalizadas en ciertas zonas del país.
En prevención, el Comité Interinstitucional aplicará mecanismos en el entorno digital, con contenidos de seguridad digital en el sistema educativo y campañas dirigidas a grupos vulnerables. La Policía Nacional y los entes tecnológicos detectarán ofertas engañosas. Además, la Fiscalía deberá investigar los patrimonios de los procesados por trata o tráfico ilícito y, de ser necesario, rastrearlos o inmovilizarlos.
Foto: Primicias.