Guatemala: Congreso conocerá ley contra celulares en cárceles
La iniciativa 6746 propone penas de 6 a 10 años de prisión por introducir o administrar celulares no autorizados en cárceles de Guatemala.
Por Redacción Acento Europa ·
El Congreso de Guatemala conocerá en primera lectura, el martes 3 de noviembre a las 14 horas, la iniciativa 6746, que propone la Ley para la Prevención y Sanción de Comunicaciones Ilícitas en Centros de Privación de Libertad. La Comisión de Gobernación emitió dictamen favorable con modificaciones el 28 de octubre. El proyecto incorpora nuevas sanciones y medidas de bloqueo de señales telefónicas, aunque la legislación vigente ya penaliza el ingreso y uso de celulares en las cárceles.
La exposición de motivos señala que la medida busca «disminuir la capacidad operativa de las organizaciones delictivas que operan desde las cárceles». La propuesta también busca dar al Estado herramientas para impedir que estructuras criminales coordinen extorsiones, amenazas y sicariato desde los penales.
Principales sanciones y medidas
- El artículo 4 tipifica la facilitación ilícita de comunicaciones, con penas de 6 a 10 años de prisión y multas de Q100 mil a Q500 mil.
- El artículo 8 protege los equipos de inhibición de señal y castiga con 6 a 10 años de prisión a quien los destruya o inutilice.
- El artículo 15 prohíbe a funcionarios, contratistas y guardias penitenciarios portar o usar celulares durante su jornada laboral.
El proyecto reforma la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto 94-96) con el artículo 22 Ter, que obliga a las operadoras a establecer perímetros virtuales alrededor de los centros penitenciarios para detectar actividad de comunicaciones. También contempla bloqueos de frecuencias autorizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), bajo criterios de proporcionalidad y mínima afectación a usuarios ajenos al centro. La SIT enviará informes trimestrales al Ministerio de Gobernación.
La iniciativa faculta al Ministerio de Gobernación para adquirir, arrendar o contratar directamente equipos tecnológicos, con una dispensación temporal de la Ley de Contrataciones del Estado por razones de seguridad nacional y urgencia institucional. Toda contratación deberá reportarse a la Contraloría General de Cuentas y a la Comisión de Gobernación en un plazo de 30 días.
Foto: Prensa Libre: Hemeroteca PL). vía Prensa Libre.