Guatemala aprueba de urgencia la Ley de Ciberseguridad con penas reducidas
El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional la Ley de Ciberseguridad, con enmiendas de última hora que redujeron las penas, según expertos consultados.
Por Redacción Acento Europa ·
El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional la Ley de Ciberseguridad, que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario de Centro América. Diputados de todas las bancadas coincidieron en la necesidad de una legislación sobre seguridad digital, pero varios expertos advierten de riesgos en la forma en que se aplicará la norma, que se aprobó con enmiendas conocidas durante la sesión.
La norma, contenida en el decreto 26-2026, crea por primera vez en el país un marco institucional, administrativo y penal para prevenir y sancionar delitos cibernéticos. Fueron diputados oficialistas de la facción del Movimiento Semilla, de la línea del presidente Bernardo Arévalo, quienes impulsaron la moción de urgencia nacional y también presentaron los cambios de último momento.
Nuevas instituciones y delitos
- Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), liderado por el presidente de la República.
- Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), adscrita al Ministerio de Gobernación.
- Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CRIC-GT), encargado de analizar y responder a incidentes.
La ley tipifica delitos como acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de datos y del sistema informático, falsificación informática y apropiación de identidad ajena. Unidades especializadas del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa también participarán en su aplicación.
Dudas sobre las penas
Según analistas consultados, las enmiendas aprobadas la noche del martes redujeron las penas y debilitaron la parte sancionatoria. Jonathan Lara, experto en ciberseguridad y catedrático universitario, indicó que en la fase de dictamen se habían fijado penas de hasta 20 años de prisión, y que luego se redujeron a más de la mitad. Lara afirmó: «Hay que cubrir diversos aspectos, pero creo que fue apresurado y no se tomó en cuenta cómo se va a operativizar la ley».
Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, señaló que una norma penal debe describir con precisión la conducta prohibida y los elementos que deben probarse, algo que, según él, no está claro en lo aprobado.
Foto: Prensa Libre (Javier González) vía Prensa Libre.