Guatemala: Sala anula acuerdo que declaró lesiva compra de edificio del MP
La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló el acuerdo con el que la fiscal general Consuelo Porras declaró lesiva la compra de un edificio por Q35 millones.
Por Redacción Acento Europa ·
La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guatemala anuló el Acuerdo 32-2020, con el que la fiscal general Consuelo Porras declaró lesiva para el Estado la compra de un edificio adquirido durante la gestión de Thelma Aldana. Así lo informaron este jueves 12 de noviembre fuentes judiciales. La resolución también declaró sin lugar la demanda del Ministerio Público (MP) contra Bertram S. A., empresa que vendió el Edificio Gerencial Asunción, ubicado en la diagonal 14, 21-32, colonia Arrivillaga, zona 5 capitalina, por Q35 millones.
El inmueble se adquirió en octubre de 2017 por Q35 millones 100 mil 29.23, según el avalúo oficial aprobado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi), del Ministerio de Finanzas Públicas.
Los magistrados determinaron que el MP incumplió el procedimiento legal para declarar lesivo el contrato, al no conceder audiencia a la empresa vendedora ni agotar la fase de conciliación prevista en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, concluyeron que la fiscal general no tenía facultades para declarar unilateralmente la lesividad, pues esa atribución correspondía al presidente de la República en Consejo de Ministros, según los artículos 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y 17 de la Ley del Organismo Ejecutivo.
El tribunal también estableció que las pruebas del MP no demostraron un perjuicio económico o jurídico para el Estado. Por ello, acogió la reconvención de Bertram S. A., declaró la nulidad del acuerdo de lesividad y rechazó la pretensión del MP de anular el contrato de compraventa.
La controversia comenzó el 17 de septiembre de 2020, cuando Porras Argueta emitió el Acuerdo 32-2020, publicado en el Diario Oficial el 25 de ese mes. La decisión se basó en una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que señaló posibles irregularidades, una supuesta sobrevaloración y deficiencias para usar el inmueble como sede del MP.
Los cuestionamientos del MP
- Diferencia entre el avalúo oficial y una valoración privada posterior de Q31 millones 500 mil 76.97.
- Falta de conexión al servicio municipal de agua potable y deficiencias de seguridad.
- Adjudicación registrada en Guatecompras 20 minutos después de la publicación del evento.
La Sala consideró que estos señalamientos no bastaban para demostrar un perjuicio al Estado. Sobre el precio, indicó que la compra no excedió el avalúo oficial, como exige el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado, y que la diferencia entre valoraciones no demostraba por sí sola una sobrevaloración, porque los avalúos pueden variar según los criterios técnicos aplicados.
Foto: Hemeroteca PL) vía Prensa Libre.