Colombia: el Consejo de Política Criminal avala la ley de sometimiento
El Consejo Superior de Política Criminal respaldó por 14 votos contra uno el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Por Redacción Acento Europa ·
El Consejo Superior de Política Criminal de Colombia avaló por 14 votos contra uno el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella, según informó Infobae. El visto bueno llegó después de que las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaran la iniciativa en primer debate, en sesión del 21 de octubre de 2026. El único voto negativo fue el de la representación del Pacto Histórico. El proyecto fue radicado con mensaje de urgencia el 13 de octubre.
El concepto favorable fue respaldado por representantes de la Fiscalía General de la Nación, los ministerios del Interior y de Justicia, la fuerza pública, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Congreso. Aunque el pronunciamiento no es obligatorio para el Legislativo, constituye un respaldo técnico a la propuesta.
La iniciativa busca reemplazar los diálogos de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro por un marco de sometimiento unilateral a la justicia para integrantes de organizaciones armadas y criminales, sin reconocimiento político ni negociación con el Estado.
Qué establece el proyecto
- Un procedimiento de dos fases. La primera dura hasta tres meses, prorrogables una vez. El grupo debe manifestar su voluntad mediante un abogado externo, entregar el listado de integrantes y dejar las armas.
- Rebajas de pena de hasta el 50% para integrantes rasos y de hasta el 30% para cabecillas, que no podrían recibir una condena inferior a diez años.
- Libertad condicional tras cumplir cuatro quintas partes de la pena, o dos quintas partes si el condenado aporta información para localizar desaparecidos o esclarecer nexos con redes de corrupción y actores políticos.
Según la iniciativa del Ejecutivo, el texto también exige liberar a menores reclutados y a personas secuestradas, informar la ubicación de desaparecidos y entregar bienes obtenidos ilícitamente. Las órdenes de captura y las solicitudes de extradición seguirían vigentes durante el proceso. El proyecto modifica la Ley 418 y permitiría al presidente, con asesoría del Consejo de Seguridad Nacional, calificar a determinadas estructuras como actores armados ilegales o terroristas.
Reparos de la Corte Suprema
Antes de la votación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia identificó riesgos constitucionales en varias disposiciones. El tribunal reconoció el objetivo de enfrentar las redes de apoyo y las fuentes de financiación del terrorismo, pero condicionó la viabilidad de la iniciativa a cambios en el articulado. Su principal reparo se concentró en el Registro de Organizaciones Terroristas: la inclusión en una lista administrativa no puede sustituir la prueba de los elementos del delito de terrorismo ni demostrar por sí sola la responsabilidad penal individual.
El Consejo, por su parte, formuló recomendaciones sobre la proporcionalidad de las penas y los beneficios, para que sean compatibles con la Convención de Palermo y el Código Penal.
Foto: Abelardo de la Espriella / Wikimedia Commons (CC0).