España: el próximo Congreso hereda dos reformas estatutarias, cinco leyes autonómicas y siete ILP
Tras la disolución de las Cortes, el Congreso que surja de las elecciones del 29 de noviembre tramitará dos reformas estatutarias, cinco leyes autonómicas y siete ILP.
Por Redacción Acento Europa ·
El Congreso de los Diputados que surja de las elecciones generales del 29 de noviembre en España heredará dos reformas estatutarias, cinco leyes procedentes de parlamentos autonómicos y siete Iniciativas Legislativas Populares (ILP), según informa Europa Press. Con la disolución de las Cortes Generales, solo sobreviven las propuestas remitidas por las comunidades y las impulsadas por la sociedad civil.
Las cinco leyes autonómicas llegan de Baleares, Cataluña, la Comunitat Valenciana y Asturias. Una de las balerares reclama la cogestión de los aeropuertos de las islas, iniciativa que el Gobierno rechazó al principio y que después rectificó ante la presión de Més per Mallorca y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, candidata del PSOE balear.
Otra propuesta balear pide reformar el artículo 57 de la Ley de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, para impedir que personas condenadas por acoso a menores ejerzan profesiones con contacto habitual con ellos. El Parlamento catalán envió una proposición sobre la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades irreversibles.
Reformas estatutarias pendientes
- Castilla-La Mancha: la reforma, que amplía el número de diputados regionales, fue tomada en consideración en noviembre de 2025. Su tramitación quedó suspendida con la convocatoria electoral, y el PSOE quiere que las Cortes regionales pidan formalmente su retirada.
- La Rioja: la reforma aprobada en 2019 no ha sido debatida aún en el Congreso, a la espera de que el Parlamento riojano designe a sus representantes para defenderla.
Además, el Congreso deberá tramitar siete ILP impulsadas por la sociedad civil. Entre ellas figuran iniciativas contra el acoso escolar, para la prevención del suicidio infantojuvenil, en defensa de la transparencia y de los denunciantes, y para la desmercantilización de la vivienda en zonas tensionadas.
Foto: Europapress.