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Iustitia Europa pide suspender el voto de hijos de nacionalizados en España

Iustitia Europa pide al Supremo extender la suspensión del voto a los hijos mayores de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ en España.

Por Redacción Acento Europa ·

Iustitia Europa pide suspender el voto de hijos de nacionalizados en España

El partido Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo de España que suspenda también los efectos electorales de los nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ que figuran en el Anexo III de la instrucción de 25 de octubre de 2022, según informa Infobae. La formación, presidida por Luis María Pardo, quiere extender así las medidas cautelares que ya afectan a 163.020 electores del extranjero a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de la anterior Ley de Memoria Histórica.

La petición se apoya en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, que reconoce el derecho de opción a los hijos mayores de edad de españoles a los que previamente se les reconoció la nacionalidad de origen por esa vía o por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Según los datos administrativos citados en el escrito, a 31 de julio de 2026 constaban 189.678 inscripciones por esta vía. A 31 de agosto, el Gobierno cifraba en 195.872 las nacionalidades concedidas conforme al Anexo III, además de 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción.

Iustitia Europa solicita que los votos de estos electores se reciban, pero permanezcan separados y bajo custodia hasta comprobar su situación electoral. Subsidiariamente, plantea suspender solo los efectos de quienes tengen un progenitor incluido en las cautelares anteriores y de determinados casos en los que la Administración no determinó a tiempo el antecedente jurídico de la nacionalidad.

La instrucción firmada por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, estableció una presunción de exilio para los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Iustitia Europa y Vox recurrieron ante el Supremo. La Sala Tercera acordó en septiembre medidas cautelares sobre las inscripciones censales vinculadas al colectivo afectado.

Foto: Infobae.

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