Trabajo y dinero

Argentina flexibiliza requisitos de proveedores locales del RIGI

El decreto 1366/2026 elimina el requisito del 51% de capital local para que una empresa sea considerada proveedora local en los proyectos RIGI.

Por Redacción Acento Europa ·

Argentina flexibiliza requisitos de proveedores locales del RIGI

El Gobierno de Argentina modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y flexibilizó los requisitos para que una empresa sea considerada proveedora local de los proyectos. Así lo establece el decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma elimina la exigencia de que las empresas constituidas y domiciliadas en el país tengan al menos el 51% de su capital social o de los votos en manos de titulares locales. Con el cambio, basta con que estén constituidas y domiciliadas en Argentina, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas. En el caso de los bienes, se mantiene la exigencia de cumplir los criterios de origen nacional previstos en el Mercosur.

Rondas de negocios y objetivo del decreto

Según los fundamentos del decreto, el objetivo es favorecer la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos RIGI y promover una mayor concurrencia de proveedores. El Ministerio de Economía organiza rondas de negocios para acercar a las compañías que desarrollan inversiones bajo el RIGI con potenciales proveedores. La segunda ronda está prevista para el 2 de diciembre, con foco en hidrocarburos y energía, con la participación de 60 empresas compradoras y más de 2000 proveedoras de todo el país.

Otros cambios en el régimen

El decreto flexibiliza también la transferencia de acciones y las reorganizaciones societarias de las empresas adheridas. Un tercero podrá adquirir participaciones de una compañía beneficiaria sin que la operación altere por sí misma los derechos del proyecto aprobado, aunque ese monto no podrá computarse como inversión para cumplir los mínimos exigidos.

En las uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos, las transferencias deberán informarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción. El organismo tendrá 30 días para formular observaciones; si no lo hace, la operación se considerará conformada. Las sucursales dedicadas a proyectos RIGI podrán reorganizarse mediante la transferencia de activos, pasivos, derechos y obligaciones a una sociedad anónima, con autorización previa del Ministerio de Economía, sin volver a adherirse al régimen.

Para la consultora Paspartú, estas modificaciones dan mayor flexibilidad regulatoria, pero incorporan una nueva instancia de no objeción del Ministerio de Economía que no existía cuando se adhirieron los 27 vehículos de proyecto único (VPU) ya aprobados.

Foto: Elsapucai / Wikimedia Commons (Public domain).

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